EDITORIAL DE EL NUEVO DIA


Escandaloso es lo menos que puede decirse del cierre al público del Archivo General de Puerto Rico a causa de una avería en el sistema de ventilación del edificio, el cual fue reabierto hace un año tras un prolongado y costoso proceso de restauración.


Pero, si penoso es el hecho de que más de 200 años de historia se encuentren a merced del hongo y la humedad, más chocante resulta el silencio y la inacción del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) -como custodio del Archivo y del patrimonio documental y fílmico del País- ante este cuadro que lleva más de cinco meses.


Conminamos al director del ICP, doctor José Luis Vega, y a su Junta de Directores, a que expliquen de inmediato los pasos que darán para evitar que se pierdan los documentos generados por las dependencias del gobierno desde 1732, así como colecciones únicas que guarda el Archivo. De ser cierto que el colapso del sistema de ventilación se debió a la falta de pago del contrato de mantenimiento, estamos ante un horror administrativo imperdonable que demanda un ajuste de c u e n t a s.


Si el ICP es incapaz de darle el debido mantenimiento a este repositorio de nuestra historia, sus directivos deben reconocerlo, de modo que el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la comunidad científica puedan buscar remedio al caos actual.


Una opción que se debe considerar seriamente es traspasar la jurisdicción del Archivo General a otro organismo que se encargue de llevar con mayor responsabilidad su papel de facilitador en beneficio de una institución como esa. Un organismo que reconozca el valor no sólo histórico, sino práctico, de la conservación institucional de los documentos que las agencias públicas están obligadas a transferir al A rc h i vo.


Otra alternativa siempre abierta es también, mediante legislación, convertir al Archivo en una entidad autónoma. Y junto a ello, para allegar recursos científicos y materiales que ayuden a su rescate institucional, bien podría tomárseles la palabra a los historiadores que han sugerido que se acuda con una propuesta a corporaciones estadounidenses y europeas especialistas en la materia.


Todas esas vías se pueden explorar. Lo que no se puede seguir explorando es la inercia, esa actitud de no hacer nada, que es lo que está tirando por la borda los $20 millones que se invirtieron desde 1999 en una restauración física que se extendió por ocho años.



Lo más preocupante de la situación del Archivo General es que no parece una enfermedad aislada, sino síntoma de un mal que afecta a otros centros custodios de nuestra historia.


Eso nos lleva, por tanto, al caso del Registro de la Propiedad Intelectual, creado en 1988 para mantener constancia del patrimonio intelectual que genera Puerto Rico.


Al presente ese Registro, y admitido por su director, licenciado Eduardo Morales Coll, se ha convertido en un simple depósito de obras que van desde tratados científicos y artesanías sin adecuada catalogación. Un Registro que no tiene estadísticas de la producción artística inscrita ni cuenta con la tecnología adecuada para proteger la información en su poder.


Sin estas herramientas básicas, difícilmente podrá el Registro ayudar a los autores a proteger sus obras. En este caso le toca al Departamento de Estado velar porque el Registro pueda cumplir su encomienda. Y al igual que en el caso del ICP y el Archivo, darle el sitial que merecen los procesos de conservación de la historia de Puerto Rico.


(El Nuevo Día, 26 de noviembre, 2008)